En la nueva legalidad que se trata en el vecino país las entidades eléctricas serán reconocidas como prestadoras de servicios públicos. Junto a los dirigentes locales analizan el proyecto reformador chileno.
Chile atraviesa una de sus peores crisis institucionales desde el 17 de octubre del año pasado. Y ahora, mientras lidia con la pandemia de coronavirus, intenta avanzar con reformas para contener el reclamo social por mejoras en los costos de la vida de la población. Y en ese aspecto, el precio y la calidad de los servicios de públicos es una de las principales consignas en las constantes manifestaciones callejeras.
El Parlamento chileno está enfrascado en el tratamiento de una reforma legal para este aspecto. El Estado trasandino siempre fue propenso a conceder al sector privado las asistencias que son inherentes a su responsabilidad y sólo ha conservado bajo su control la producción de cobre a través de la empresa estatal Codelco.
Este es uno de los postulados de los «indignados» chilenos. En este esquema, la prioridad es que «cierren los números» asegurando rentabilidad monetaria y frecuentemente postergando el «capital social» que son los usuarios trasandinos. De tal modo que la reforma legal ahora intenta darle equilibrio al sistema de servicios públicos.
En esta revisión se ha contemplado darle status de prestatario de servicio público al sector cooperativo eléctrico, algo que en Argentina ya está incorporado como parte del entramado de las prestaciones desde mediados del siglo pasado. De ahí que los dirigentes cooperativistas eléctricos chilenos buscaron a sus pares argentinos para tomarlos de «asesores» en estas discusiones estructurales que llevan adelante los legisladores trasandinos. El primer hito se cumplió el viernes pasado, vía Zoom.
El Zoom eléctrico binacional
Al cierre de la semana pasada se produjo el encuentro binacional entre federaciones de cooperativas eléctricas. Los representantes de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) se reunieron con sus pares de Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas de Chile (Fenacopel). Dentro de la entidad chilena se encuentra Copelec (Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán), la cooperativa eléctrica más grande del vecino país.
Desde el cooperativismo chileno, planteron la necesidad de introducir cambios en materia de distribución eléctrica y esperan que las cooperativas del rubro reciban un trato diferenciado ya que cumplen una función social, al llegar a aquellos clientes que las grandes empresas distribuidoras no contemplan.
Desde FACE intercambiaron experiencias propias, conocimientos y asesoraron a los dirigentes chilenos sobre las características legales que deben tener las cooperativas prestadoras de servicios públicos.
El titular de FACE, el mendocino José Álvarez, puntualizó que se vienen tratando «los asuntos de integración hubo intercambios sobre la regulación, control, y tarifas, energías renovables y cómo se definen las áreas de concesión de los servicios eléctricos en Argentina, vamos a tratar de aportar esto en la ley que tratará el Parlamento Nacional de Chile».
Luego de este encuentro, Manuel Bello Nuñez, director de Copelec, destacó «la disposición global en cuanto a cooperar y ayudar al cooperativismo latinoamericano» por parte de la conducción de FACE.
«Necesitábamos algunos conocimientos de la experiencia cooperativa eléctrica que tiene Argentina, que es una experiencia muy potente, es una experiencia que lleva una trayectoria mucho más amplia y superior a la de Chile», sostuvo el dirigente.
El texto legal en infrarrojo
En tanto, Patricio Lagos, gerente de Copelec e integrante del comité ejecutivo de la mesa de trabajo binacional, explicó «la nueva ley apunta a la distribución de la energía eléctrica», en la que está trabajando el Parlamento trasandino.
«Es una revolución que se quiere imponer, digamos, en la industria eléctrica en el país y que tiene tres grandes aspectos», explicó Lagos. El ejecutivo aclaró que uno de los aspectos de la nueva Ley, tiene que ver con la separación de las distintas áreas que componen la industria eléctrica y sostuvo: «Por una parte está la generación de la energía eléctrica, por otra parte está la distribución y se quiere incorporar un nuevo actor que sería el comercializador de la energía eléctrica».
Lagos sostiene que este cambio sería nocivo para las cooperativas, ya que los propios dueños de las cooperativas tienen una doble función, son dueños y consumidores, dirigen la administración y la organización de las asociaciones.
«Separar estas instancias significa desarmar algo que por más de 40 años ha existido, una cercanía muy grande entre el consumidor o socio y su cooperativa», agregó el dirigente.
Fuente: Runrún Energético
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